Es una entidad pública descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus funciones, y adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. La Autoridad está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de acuerdo a la Constitución y las leyes.

El objetivo fundamental es “proteger y asegurar los Derechos del Consumidor y el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés supremo del consumidor”.

La mística institucional es el estar comprometidos con el bienestar de los panameños como consumidores y como productores a través de la inserción competitiva del país a la economía global, lo que nos impulsa a estar en un estado proactivo de transformación y cambios en la organización institucional para hacer más eficiente su gestión.

Dentro de este marco de conceptos y realizaciones, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, se organiza, fundamentalmente en dos Direcciones Nacionales: Dirección Nacional de Libre Competencia y Dirección Nacional de Protección al Consumidor, contando además con el apoyo de otras unidades administrativas que hacen posible el logro de los objetivos institucionales.