La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 367 casos por posibles incumplimientos de la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, durante el período de enero a septiembre de 2026, según estadísticas del Departamento de Investigación.
Entre los principales motivos reportados figuran las tasas de interés, con 97 casos; el incumplimiento del descuento del 25 % en restaurantes, con 89; la falta de letreros informativos sobre los beneficios, con 51; y la negativa a aplicar los descuentos correspondientes, con 49. También se recibieron reportes relacionados con el descuento del 25 % en el transporte aéreo, con 21 casos, y los préstamos personales y comerciales, con 15.
Multas por B/.36,270.00 en nueve meses
Durante el mismo período, la Acodeco impuso 41 sanciones en primera y segunda instancias por un total de B/.36,270.00, debido a infracciones relacionadas con esta normativa.
Las irregularidades vinculadas con las tasas de interés concentraron el mayor monto de las multas, con 10 sanciones por B/.19,600.00. Por su parte, la falta de letreros informativos generó ocho sanciones por B/.1,555.00, mientras que los incumplimientos relacionados con el descuento del 25 % en restaurantes dieron lugar a cuatro multas por B/.1,080.00.
Las demás sanciones correspondieron a incumplimientos relacionados con beneficios en hospitales y clínicas privadas, comidas rápidas con franquicias, transporte aéreo, hoteles, préstamos y medicamentos, entre otros.
La Acodeco exhorta a respetar los beneficios establecidos por ley
La institución recuerda a los agentes económicos que deben cumplir con los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 y mantener visibles los letreros informativos, de manera que los consumidores puedan conocer los descuentos que les corresponden.
Asimismo, exhorta a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a mantenerse informados sobre sus derechos y presentar sus denuncias ante la Acodeco cuando consideren que un establecimiento o proveedor de servicios no les ha aplicado el beneficio correspondiente.
La entidad continuará atendiendo los reportes y fiscalizando el cumplimiento de esta normativa, con el propósito de contribuir a la protección de los derechos de este sector de la población.
