·De este total, 324 corresponden a la Ley 6 de 1987 y 51 casos a la Ley 134 de 2013.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 375 quejas a nivel nacional, entre enero y agosto de 2026, por posibles incumplimientos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y a la Ley 134 de 2013, relacionada con los beneficios para las personas con discapacidad.
En el caso de la Ley 6, las principales anomalías reportadas fueron la tasa de interés, con 88 casos; el descuento del 25% en restaurantes, con 72; la falta de otorgamiento del descuento, con 49; y la ausencia de letreros informativos, con 48 casos. También se registraron 18 casos por el descuento del 25% en transporte aéreo, 12 relacionados con préstamos personales y comerciales y 7 por el descuento del 15% en comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales. Por estos incumplimientos, se han impuesto 32 sanciones en primera instancia por B/.27,330.00, destacando 9 sanciones por tasa de interés, que representan B/.16,800.00 del total.
Respecto a la Ley 134, la principal causa de las 51 quejas recibidas fue la falta de letreros informativos, con 29 casos, seguida de la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y el descuento del 25% en restaurantes, con 5. También se reportaron casos relacionados con comidas rápidas con franquicias, farmacias, hospitales y clínicas privadas, impuestos de aeropuertos y pasaportes, televisión por cable e internet y transporte aéreo. En este período se han impuesto 2 sanciones en primera instancia por B/.600.00, una por servicios de televisión por cable e internet, de B/.350.00, y otra por falta de letreros, de B/.250.00.
La Acodeco recuerda a los agentes económicos que estos beneficios están establecidos legalmente y deben ser aplicados e informados de manera correcta y visible a los consumidores que tienen derecho a ellos. Al mismo tiempo, exhorta a las personas que consideren vulnerados sus derechos a presentar sus quejas formales, aportando información precisa sobre el establecimiento, la irregularidad detectada, sus datos personales y los documentos o comprobantes disponibles, ya que estos elementos son fundamentales para sustentar las investigaciones y permitir que la institución adopte las medidas legales que correspondan.
